Desde 1989, la ley brasileña clasifica el racismo como delito sin fianza ni prescripción, con penas de entre dos y cinco años de prisión. Desde 2023, los insultos raciales dirigidos a una persona concreta tienen la misma pena. En 2025, el Tribunal Supremo reconoció la existencia del racismo estructural, y los juicios a turistas extranjeros han proyectado este marco legal al debate internacional.
Brasil manda penas de cárcel por racismo — y los tribunales las aplican
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